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El 1º de marzo, el Presidente estadounidense Donald Trump anunció la inminente imposición de aranceles de 25 y 10 por ciento a las importaciones de acero y aluminio, respectivamente. Se trató de la más reciente acción por parte del mandatario de Estados Unidos que confirma su predilección por el proteccionismo económico. Después de repetidas protestas por parte de varios aliados de ese país, el Presidente Trump signó el decreto el 8 de marzo, teniendo como únicas excepciones a México y a Canadá, bajo la condición de que se logre alcanzar un acuerdo satisfactorio en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Con todo, la medida aprobada por Estados Unidos amenaza con desatar una guerra comercial, lo que indudablemente tendría efectos nocivos no sólo para la industria del acero, sino para el panorama comercial en general.

El 4 de enero de 2018, el Procurador General de Estados Unidos, Jeff Sessions, promulgó un memorando en el cual delinea una nueva política del gobierno federal para la persecución judicial y castigo de la posesión, cultivo y venta de mariguana a nivel nacional. Y es que, aunque varios estados de la Unión Americana han legalizado dicha sustancia, en la legislación federal permanece como ilegal – lo que crea un conflicto entre la legislación nacional y algunas legislaciones estatales. Durante su gobierno, el Presidente Obama resolvió esta contradicción mediante una política de tolerancia ante las acciones legislativas de los estados. Sin embargo, la directiva emitida por el Procurador Sessions cancela la política del gobierno anterior, lo que adelanta controversias entre el gobierno federal y los estados con leyes permisivas sobre uso, cultivo y comercio de mariguana.

El pasado 20 de diciembre de 2017 la reforma fiscal propuesta por el Presidente Donald Trump, fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos. El proyecto de reforma denominado en inglés como “Tax Cuts and Jobs Act” fue sometido a un largo y complejo proceso legislativo que al final contó con el respaldo suficiente para ser avalado por el Congreso haciendo uso de una mayoría republicana que, sin embargo, no registró la unanimidad. La aprobación de esta reforma fiscal supone ser el mayor triunfo político de la administración de Donald Trump, así como potencialmente el cambio fiscal más importante de Estados Unidos en los últimos 30 años. La reforma que entró ya en vigor el 1° de enero de 2018, ha sido objeto de innumerables análisis. Uno de los aspectos centrales para México, sin embargo, tiene que ver con la forma en que eventualmente los cambios en la política fiscal y monetaria estadounidense podrían tener implicaciones para la competitividad de la economía mexicana y de su moneda en el mercado financiero.

Después de que 2016 reflejara un máximo histórico en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia México, todas las cifras parecen indicar que este año se alcanzará un nuevo récord. Si bien la tendencia creciente de la cantidad de remesas enviadas está históricamente consolidada, sí llama la atención y exige un análisis de mayor profundidad el hecho de que esto ocurra específicamente durante el primer año de gobierno del Presidente Donald Trump, especialmente si se toman en cuenta las reiteradas amenazas que hizo durante su campaña de gravar las remesas de los mexicanos radicados en Estados Unidos, con el objetivo de financiar otra de sus promesas de campaña: el muro fronterizo.

Puerto Rico continúa siendo un territorio de Estados Unidos que goza de ciertos beneficios por su asociación pero que también ha sufrido grandes restricciones que limitan su avance y desarrollo. Posterior al impacto del Huracán María hace algunos meses, también quedó claro que el trato a la isla es diferente del trato a los 50 estados, lo cual resulta alarmante al considerar que desde 1917, los puertorriqueños cuentan con ciudadanía estadounidense. Parece difícil un avance hacia la independencia o la anexión total a Estados Unidos como el estado número 51, pero lo que es evidente es que el estatus actual no es suficiente garantía para la prosperidad de la isla caribeña.

El 26 de octubre, el Presidente Donald Trump declaró una emergencia de salud por la crisis de opioides, dado que la sobredosis por drogas es hoy la causa número uno de muertes accidentales en el país. En promedio, durante 2016, alrededor de 175 personas perdieron la vida diariamente por el abuso de las drogas derivadas del opio o sus imitaciones químicas. Estas últimas han desatado la nueva epidemia la cual comenzó a principios del siglo XXI, en parte por cambios legislativos y de regulación que permitieron que estos avanzados analgésicos se convirtieran en recetas comunes para cada vez más tipos de pacientes. Varios estados declararon emergencias de salud previo a la acción del Presidente Trump, pero esta es la primera que su gobierno concreta en materia de control de drogas.

La llegada del Presidente Donald Trump al Gobierno de Estados Unidos ha generado un ambiente de incertidumbre sobre la posible continuidad del Acuerdo Nuclear iraní firmado en 2015. El próximo 15 de octubre es la fecha límite para que el Presidente Trump decida continuar o no con la implementación por parte de su país del pacto nuclear. Desde su campaña el mandatario estadounidense ha manifestado su descontento con el documento, y en los últimos meses ha dado algunas señales de que Estados Unidos pudiese salirse del Acuerdo, o por lo menos promover su revisión. Por su parte, el resto de los países firmantes y el propio Gobierno de la República Islámica de Irán se oponen a cualquier ajuste sustantivo al Acuerdo actual.

El pasado 23 de enero de 2017, a pocos días de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump ejecutó su primera y más polémica acción en materia comercial: la retirada del país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). Los Estados que aún se mantienen en el Acuerdo se han manifestado a favor del libre comercio y de la viabilidad de avanzar en la integración regional a través de los mega acuerdos comerciales. Prueba de ello son los esfuerzos instrumentados por parte de estos 11 países que persisten en la posibilidad de recuperarlo y lograr su implementación aún sin Estados Unidos, bajo el esquema del TPP 11. México, que se encuentra participando activamente en este proceso, resultaría uno de los miembros más beneficiados con su implementación especialmente en el contexto actual de búsqueda de diversificación en sus relaciones comerciales.

El 17 de julio pasado, Estados Unidos presentó un documento con una serie de objetivos que buscará durante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este texto y algunos de sus contenidos más controversiales ha sido motivo de diversas reacciones tanto por sus contenidos políticos como técnicos, especialmente desde México y Canadá, que parecen adelantar un difícil negociación. El objetivo de esta nota es examinar los contenidos esenciales del texto y pasar revista a estas reacciones. 

A tan solo 6 meses de haber tomado el poder, la administración de Donald Trump se encuentra impulsando una batalla política y legal contra las denominadas “ciudades santuario”, aquellas localidades que buscan proteger e incluir a la comunidad migrante que se encuentra bajo su jurisdicción. En este sentido, la Casa Blanca ha emitido una serie de acciones que buscan contrarrestar los beneficios que estas localidades otorgan a los migrantes y a su vez, implementar las disposiciones que empoderan a autoridades federales de migración, para incrementar el control y monitoreo de extranjeros en EEUU. La presente Nota de Coyuntura, analiza las disposiciones del Ejecutivo y presenta un mapeo de las ciudades y estados santuario que han decidido desafiar a la administración y mantener sus políticas locales.